La licitación tiene por finalidad, seleccionar abogados, personas naturales o personas jurídicas que cuenten con abogados, para la prestación de los servicios de defensa penal pública a los imputados que carezcan de abogado y a quienes se atribuya participación en un delito desde las primeras actuaciones del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia, según corresponda, que sean de la competencia de Juzgados de Garantía, de un Tribunal Oral en lo Penal, o de las Cortes respectivas. Lo anterior se llevará a cabo a través de la contratación de equipos de defensa que suscribirán un contrato específico en una zona de licitación, de una Defensoría Regional, según se establezca en el Anexo 1.